En efecto, la experiencia histórica muestra que no hay regla inmutable para clasificar, en un orden universalmente convincente, reivindicaciones tan estimables como las de la seguridad, la libertad, la legalidad, la solidaridad, etc. Sólo el debate público, cuyo resultado sigue siendo aleatorio, puede alumbrar un cierto orden de prioridades. Pero este orden no valdrá más que para un pueblo, durante un cierto período de su historia, sin comportar jamás una convicción irrefutable, válida para todos los hombres y todos los tiempos. El debate público es aquí el equivalente, en el plano de las instituciones, a lo que hace un momento denominé célula de consejo para los asuntos privados e íntimos. El juicio político es, aquí también, del orden del juicio en situación. Con mayor o menor fortuna, puede ser la sede de la sabiduría, de ese «buen consejo» que evoca el coro de Antígona. Esta sabiduría práctica no es tanto un asunto personal, cuanto, si se me permite la expresión, una phrónesis de varios, pública, como el debate mismo. Es aquí donde la equidad se muestra superior a la justicia abstracta. Hablando de lo equitativo (épiéikés) y de su superioridad con respecto a lo justo, Aristóteles observa: «La razón estriba en que la ley es siempre algo general y hay casos específicos en los que no es posible aplicar con certeza un enunciado general». Y Aristóteles concluye: «Tal es la naturaleza de lo equitativo: ser un correctivo de la ley, allí donde la ley deja de estatuir por su generalidad» (Ética a Nicómaco V, 10, 1137bl5-27). La equidad se revela así como otro nombre del sentido de la justicia, cuando éste traspasa los conflictos al aplicar la regla de justicia.
Ética y moral. En Ética. Doce textos fundamentales del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 2002
